Se trata de una de las medidas más polémicas para algunos colectivos del sector. Si hace escasas semanas nos preguntábamos sobre el fin del sistema de módulos ante la intención del Gobierno de limitarlo sólo a aquellos que facturasen a cliente final, según el Comité de expertos este tipo de tributación que utilizan una parte de los trabajadores autónomos debería desaparecer, ya que es “origen de importantes bolsas de fraude”.
Asimismo, se propone mantener el método directo de estimación simplificada del IRPF, pero aplicándolo exclusivamente a actividades de un volumen anual de operaciones muy reducido.
Pese a las reiteradas declaraciones del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, negando una subida del IVA a medio plazo, el comité de expertos apuesta por la reclasificación de muchos bienes y servicios incluidos en el tipo reducido del 10% y que pasarían a formar parte del tipo general, mientras que se plantea la posibilidad de incrementar en dos puntos el tipo general, que pasaría del 21 al 23%. Sin embargo, la subida de impuestos no afectaría a sectores clave como transporte, turismo o la hostelería.
Además del sistema de módulos, el comité de expertos ha apostado también por la supresión del régimen simplificado del IVA. Recordemos que este régimen se aplica a aquellos autónomos que coticen en estimación objetiva (módulos) y se puede renunciar si se considera conveniente. Tan sólo es compatible con el régimen de agricultura, ganadería y pesca y con el recargo de equivalencia, nunca con el régimen general del IVA.
Otro de los temas que ha suscitado el debate es la propuesta de rebajar el Impuesto de Sociedades de forma progresiva. En la actualidad, el tipo general del impuesto es de un 30%, pero el sistema de deducciones español permite que se pague entre un 1o y un 12%.
El objetivo del comité de expertos es el de “simplificar” este impuesto con la supresión de muchas de las deducciones. En contrapartida, se procedería a una rebaja paulatina mediante la cual se pasaría del actual tipo del 30% al un 25% en una primera fase, para llegar has el 20% en una segunda fase. No obstante, algunas organizaciones como Cepyme aseguran que la medida podría perjudicar a las pymes, que en la actualidad ya están aplicando un tipo nominal del 25%.
La Comisión propone la eliminación de algunas de las exenciones existentes en la actualidad. Entre otras, la exención parcial que afecta a los dividendos y participaciones en beneficios, la relativa a los ingresos procedentes de riesgo de cobertura del tipo de interés variable de los préstamos hipotecarios, la que afecta a la entrega por la empresa a los trabajadores de sus propias acciones o de acciones de otras empresas a precios por debajo del mercado y la que se refiere a las cantidades satisfechas por la empresa para el seguro de enfermedad del trabajador por existir una sanidad pública gratuita.
El informe apuesta, además, por la eliminación de las exenciones en el pago de las indemnizaciones en caso de despido de trabajadores indefinidos, tanto improcedente como justificado por causas objetivas, las cuales deberán tributar IRPF.
El informe propone, además, una reducción de las cotizaciones sociales de los empleadores que se compense con incrementos adicionales y equivalentes de la imposición indirecta, proceso conocido como “devaluación fiscal”.
Así, se sugiere una nueva distribución de las cotizaciones entre empresarios y trabajadores destinada a que los empleadores paguen menos cotizaciones a cambio del aumento de impuestos especiales e IVA.
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