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El teletrabajo para funcionarios choca con la gran caída del empleo a distancia

El plan de teletrabajo para funcionarios del Estado anunciado esta semana por el Gobierno, que permitirá el empleo a distancia tres días a la semana para ahorrar energía, contrasta con la realidad que viven la mayoría de empresas.

 

Trabajar desde casa va a la baja y en el último trimestre de este año esta modalidad ha alcanzado su cota más baja entre los asalariados desde el confinamiento del 2020, coinciden los datos de la EPA y del observatorio de Red.es. Si se tiene en cuenta también a los autónomos, un colectivo donde el teletrabajo siempre ha sido más común, el porcentaje es similar al de los últimos dos trimestres, con una tendencia clara al retroceso.

 

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Los funcionarios teletrabajarán tres días a la semana para ahorrar energía

 

Pilar Blázquez
[Los funcionarios teletrabajarán tres días a la semana para ahorrar energía]

 

En el segundo trimestre del 2020, con todas las restricciones de la covid vigentes, teletrabajó algún día a la semana el 16,97% de los empleados por cuenta ajena, la mayor proporción registrada nunca en España. No quedaba otra. El país partía de un nivel de empleo remoto de los más bajos del entorno, con un exiguo 2%. Un año más tarde, en el mismo trimestre del 2021, el porcentaje cayó al 11,87%, y de enero a marzo de este año se quedó en el 9,87%. Una cierta disminución respecto al pico de la pandemia era previsible, considera Carlos Gutiérrez, secretario de Estudios y Formación sindical de CC.OO, que participó en las negociaciones de la ley de Teletrabajo. Con la vuelta paulatina a la normalidad, la presencialidad se ha ido recuperando.

Ahora bien, la bajada del trabajo en remoto ha sido más acusada de lo esperado por los agentes sociales, reconoce Núria Gilgado, secretaria de política sindical de la UGT de Catalunya. De hecho, en Catalunya la caída es aún mayor y ya solo tienen esta posibilidad el 8,8% de las personas ocupadas. Gilgado recuerda además que apenas el 5% de los convenios colectivos en la comunidad contemplan el teletrabajo. En la función pública de Catalunya, en cambio, sí está estipulada la posibilidad de dos días de empleo a distancia de forma voluntaria.

 

[Teletrabajo.]

 

Teletrabajo.

 

FreshSplash / Getty

 

El trabajo en remoto entre los asalariados alcanza su cota más baja desde marzo del 2020, según la EPA

Se dan casos paradójicos, como el del sector TIC, cuyo convenio en Catalunya se está negociando actualmente. Los empleados en esta actividad denuncian que la mayoría de empresas del ramo obliga a teletrabajar, pero no les dan ni el material ni les compensan por los gastos de electricidad o conexión a internet, por ejemplo. “El teletrabajo siempre ha de ser voluntario”, añade la representante de UGT.

En todo caso, se trata de una excepción. ¿Qué ha pasado? “Algunas compañías, sobre todo pymes y microempresas, afirman no poder costear el teletrabajo de sus empleados y optan por la presencialidad”, comenta Gutiérrez. Una cultura arraigada del presentismo, junto a una estructura laboral con gran peso de empleos donde no es posible trabajar a distancia, acaban de completar la ecuación.

“Nos encontramos con muchas dificultades; en general, las empresas que aprueban el teletrabajo son aquellas que sacan un beneficio económico de tener a los empleados en remoto, porque así pagan menos alquiler de oficinas”, subraya Gilgado.

En definitiva, las expectativas levantadas en los albores de la pandemia, tanto entre los agentes sociales como entre la ciudadanía, no se han cumplido. El último estudio del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI) indica que incluso a finales del año pasado hasta un 29% de la población creía que el teletrabajo aumentaría. Lo pensaban más los hombres (34%), que las mujeres (24%). De momento se han equivocado.

Que no pase como con las oficinas bancarias: derechos laborales y ciudadanos se han de conjugar

Existe otra derivada más sobre el plan de teletrabajo para los funcionarios del Estado. Tanto Gutiérrez como Gilgado coinciden en señalar que el legítimo derecho al empleo a distancia no puede socavar el servicio público a los ciudadanos. Ambas cuestiones se han de conjugar. “Algunos trámites ya solo se pueden hacer de forma telemática y hay que garantizar la presencialidad necesaria para atender a todo el mundo”, insisten. Que no ocurra, continúan, como con la red de oficinas bancarias, cuya disminución ha dado lugar a una revuelta de personas mayores reclamando mejor atención. El Gobierno señala aquí que los funcionarios deberán asegurar un mínimo de presencialidad en sus puestos de trabajo para cubrir estas situaciones.

 

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